Más cachetadas al ciudadano

Con el descaro que le conocemos, en junio pasado la expresidenta Cristina Kirchner, calificaba de “totalmente arbitrario” el régimen de visitas a su domicilio que le impuso la Justicia luego de dictar su condena firme, obligada a pedir autorización previa para aquellas por fuera de la nómina de familiares, custodia policial, profesionales médicos y abogados defensores. En julio, un fallo de Casación confirmaba ese régimen junto con la obligación de que se mantuviera con tobillera electrónica por considerar que “cualquier flexibilización indebida del régimen de cumplimiento (...) podría debilitar la expresión pública de la condena”.

Desde entonces, como comentamos recientemente en estas columnas, la hemos visto seguir haciendo política partidaria ante un número creciente de visitantes en el domicilio de la calle San José 1111 donde cumple una condena a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el Estado. Una condena que pareciera de papel, que sigue moldeando a su gusto.

Una de las últimas fotos del nutrido álbum que sigue subiendo a sus redes permite contabilizar nueve economistas visitantes en ocasión del Día del Militante, otra provocación con la que sigue burlándose de todos. “No es la foto…. es la economía, estúpido” propinó en su ataque al “bestiario mediático”. “¿Cuál es el problema?”, agregó impunemente revelando no comprender los alcances de su condición, con los mismos aires de estadista superada que la llevaron por años a reírse del sistema mientras daba el ejemplo de perversión y deshonestidad que condujo a su condena y que permite pronosticar que recibirá otras. “Estaban autorizados”, se defendió extensamente en X, al citar encuentros anteriores en los que había recibido a 6 y 7 personas, argumentando que lo que se le cuestiona ahora es que se reunieran para hablar del modelo económico “que no deja de destruir empresas y puestos”. Omitió en tanto explicar si las políticas de estos economistas fueron las que sumieron al país en la bancarrota a la que nos condujeron sus largos años de desgobierno.

Fue luego de ese difundido encuentro que el juez de ejecución de pena en la causa Vialidad, Jorge Gorini, quien hasta aquí autorizó las visitas, le impuso nuevas limitaciones. Su proceder fue el adecuado, pues se incumplieron las reglas de conducta. De aquí en más, los encuentros no podrán ser más de dos por semana, durar un máximo de dos horas y siempre con no más de tres concurrentes, “cuestiones todas estas inherentes al carácter de sanción penal que motiva el encierro de la interesada”, señaló. “La reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no solo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad de ejecución de la pena de prisión impuesta”, agregó Gorini. De cualquier modo, pensar en que se autoriza la visita de 24 personas por mes, por fuera de familiares y allegados, sigue constituyendo una cuestionable desmesura para quien cumple una condena.

“La gravedad institucional de los hechos, el rol funcional y simbólico que tuvo la condenada en la maniobra defraudatoria, el monto colosal del perjuicio ocasionado al erario público y el impacto que ello ha tenido sobre la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en sus instituciones, imponen un estándar más exigente en términos de ejecución”, expresó el juez Gustavo Hornos cuando avaló las medidas de control.

En función de dicho estándar se debería revisar también sin demora el acceso a redes de la condenada, increíblemente habilitada también a arengar a sus fanáticos en una plaza, en su afán por conservar vivo el espíritu de sus debilitadas huestes.

Valga apenas como ejemplo el último mensaje grabado que hizo difundir en el Encuentro Nacional de Mujeres realizado recientemente en Corrientes. Consideró que en el país reina “la libertad para la desesperación y para la tristeza”, al tiempo que agradeció a quienes militan no solo por su libertad, sino por la de los que, a su juicio, no pueden “decidir libremente la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo y esfuerzo”.

Estando tan de moda los programas de streaming, solo faltaría que pasara a conducir uno. Cada prebenda es una cachetada al ciudadano que exige se respete la igualdad ante la ley.

Con la llegada de diciembre, celebramos que los jueces interpongan restricciones para que San José 1111 no se convierta en sede de multitudinarias celebraciones de fin de año con brindis y bailes en el balcón. Una ciudadanía indignada recupera su confianza en la Justicia cuando ve que los magistrados están a la altura de las circunstancias, sin benevolencias, y dispuestos a revocar beneficios extraordinarios a quien se burla de todos, ciudadanos y magistrados, dándoles mal uso.